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[15/05/2018 | 10:05 ]  || “Negar los edificios en el centro es negar el derecho a la centralidad al segmento mayoritario de nuestra población”
“Negar los edificios en el centro es negar el derecho a la centralidad al segmento mayoritario de nuestra población”

Por el Arq Gastón W Grand*-Paraná es una ciudad diversa en muchos sentidos y al mismo tiempo con una fuerte identidad que solemos sintetizar en la presencia del río y de nuestras barrancas a la hora de describir nuestro lugar.



Es tal vez por eso que la mayoría de los paranaenses idealiza con vivir lo más cerca posible de estas dotes paisajísticas aunque existen también otros motivos menos románticos pero determinantes a la hora de poder disfrutar las posibilidades que nuestra ciudad brinda, y es que son muchas las limitaciones presupuestarias que la gran mayoría de las familias paranaenses tienen.
Sin pretender en este momento realizar una caracterización socio económica de la población local, a la que se puede acceder desde Estadísticas y censos de la provincia, esas limitaciones presupuestarias llevan a ponderar positivamente la vida en este sector por la escasa distancia al centro comercial, al centro cívico, a los edificios educativos, a los equipamientos culturales, a los bancos, a los centros de salud privados o públicos, a los centros administrativos en dónde además muchas personas tienen su lugar de trabajo, a dónde siempre hay un super cerca, una farmacia, un policía que cuida, en dónde se cuenta con todos los servicios públicos, hay mejor conectividad, llega el motomandado, etc, y casi todo se puede hacer a pié saludándose con los vecinos. Pero además los espacios públicos de la zona son los mas equipados y están mejor mantenidos, los inspectores cuidan el tránsito, los chicos se manejan solos con menos problemas, y tienen el club cerca además de la casa de los parientes y amigos.

El concepto de equidad territorial refiere al derecho a que todos podamos vivir en un sector como el descripto anteriormente.
Para lograrlo existen dos formas:
1- mejorando las condiciones de la mayoría de los barrios de la ciudad, con fuertes y sostenidas inversiones públicas y privadas que nos permitan dotarlos de los elementos que en general tienen las áreas centrales.
2- Promoviendo que mas familias puedan acceder al centro urbano, y a otras de las mejores zonas de la ciudad y a sus beneficios. Lo que se denomina en las ciencias urbanas y sociales como el “derecho a la centralidad, o derecho al centro”.

Nuestra ciudad es una ciudad inequitativa. Basta situarse sobre el oeste del Antoñico y observar desde allí al área central para notar las groseras diferencias físicas y demás distorsiones.

Tenemos limitación de recursos para mantener los espacios públicos existentes, las infraestructuras y el sostenimiento de los servicios básicos.
Si la ciudad crece en extensión debe contar con el presupuesto necesario para también extender las redes, incrementando la superficie a equipar y mantener. Es decir que si crece ampliando el territorio urbano pero no aumenta su presupuesto proporcionalmente, cada vez presta menos servicios y con peor calidad profundizando la brecha de la inequidad.

Los vecinos “empujados” hacia la periferia sobre la compleja frontera rural, mas alejados del centro, deben pagan altos costos de movilidad, y sus propiedades que son también su ahorro y su patrimonio, no se valorizan o se desvalorizan en virtud de que la ciudad no agrega valor. Este esquema de crecimiento es claramente el de mayores impactos negativos en términos ambientales, pero sin embargo no se ha observado ninguna presentación similar a la que se debate por estos días en la justicia por la presencia de obras de edificios en la zona céntrica, ni mucho menos encuentra en general en los medios una cobertura que irradie seriamente visibilidad sobre la problemática en estos barrios.

Debe entenderse que los sectores en los que la ciudad ha generado mayor inversión en infraestructura debe contener a la mayor cantidad de habitantes en relación con los demás sectores o de lo contrario, si se restringiera la densidad, cada parcela debería tributar por todos los contribuyentes potenciales que no accederán al sector, haciéndose cargo de equilibrar la renta urbana potencial perdida, sosteniendo entonces esa contribución que permite las condiciones de sectores con baja plusvalías.

En nuestra ciudad se necesita aprovechar mejor los sectores ya servidos que cuentan con la inversión pública suficiente, y cuando hablamos de inversión pública quiere decir que es la ciudadanía en su conjunto la que ha hecho y hace el esfuerzo, es decir por ejemplo, que los recursos para mantener el parque Urquiza emanan tanto de los vecinos que habitan en su cercanía como de aquel vecino de la periferia que compra un paquete de yerba en un almacén que tributa tasa comercial.

Es así, todos tenemos derecho a acceder a los mejores lugares de la ciudad pero no todos tienen las mismas posibilidades, y son los departamentos que componen los edificios los que permiten que los segmentos medios puedan vivir en área central. Es por eso que en la particular realidad de nuestra ciudad, negar los edificios en el centro es negar el derecho a la centralidad al segmento mayoritario de nuestra población, lo que claramente constituye promover una política excluyente, sea consciente o inconscientemente en el afán de hacer el bien pero sin el conocimiento adecuado y al mismo tiempo elitista, ya que solo pueden acceder entonces a esos sectores aquellas familias que pueden pagar por estar “solas” en su lote.

La cadena de valor de la construcción, como mecanismo de producción de ciudad engloba variados y complejos equilibrios sosteniendo gran parte de la actividad económica local, generando empleo, movimiento comercial y recaudación para el fisco. Es una actividad noble e inclusiva que muchas veces brinda posibilidades laborales a muchos de aquellos que tal vez nunca puedan acceder a vivir en el centro. Mas allá de esto se requiere un exhaustivo control de calidad de procesos garantizando una convivencia razonable con los vecinos, independientemente de que siempre esté presente la problemática entre quienes visualizan un inmueble como elemento de uso (hogar) con quienes lo ven como elemento de cambio. Ese momento tan particular que expresa la propia dinámica de transformación de la ciudad como parte de su propia naturaleza debe poder gestionarse de la manera mas armónica posible y en el cumplimiento de las normas vigentes, pero de ninguna manera se deben tomar definiciones que atenten contra la previsibilidad general. A nadie se le ocurriría suspender todas las intervenciones quirúrgicas mediante un amparo porque hubo problemas en algunas de ellas.

El límite de densificación, alturas, usos, tipos de circulación, etc, se regula por normativas para lo que existen ámbitos institucionales adecuados, del mismo modo que cuando otras instituciones formulan un proyecto de modificación del proceso penal o cambian el código civil. No se hace presentando amparos. Es mas, es recomendable que las modificaciones en las normas urbanas entren en vigencia 2 o 3 años después de sancionadas y con la suficiente comunicación de manera de resguardar la seguridad jurídica del conjunto, sean cual sean sus diversos intereses.

Es necesario contar con un observatorio urbano que monitoree el comportamiento de nuestra ciudad en sus diferentes dimensiones: social, económica y ambiental (entre otras). Oportunamente presentamos ante el HCD el proyecto que luego de ser aprobado encontró el veto del ejecutivo.

Un médico antes de recetar un tratamiento solicita un conjunto de análisis, que dan cuenta del estado del paciente y permite monitorear el impacto del tratamiento. No contar con indicadores urbanísticos permite que se tomen medidas basadas en cuestiones más emocionales que técnicas, sin noción de los impactos que pueden generar muchas veces manipulándose los argumentos (“se cae la barranca”, “no alcanzan las cloacas” y otra serie de falacias) y no debe escaparse de la vista de los ciudadanos que detrás de todo este debate, camuflada en otros argumentos, lo que rige es la puja de clases, es decir una cuestión política y por lo tanto se requiere gestión política.

Creo que los distintos niveles de los gobiernos deberían tomar cartas en el asunto, al igual que las entidades intermedias, pero al mismo tiempo se debe contar con información de respaldo sistematizada que hoy no existe.

*Ex Vicepresidente Municipal de Paraná, ex Presidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, especialista en Gestión Urbana y Territorial (UNL), Especialista en Smart Cities (U.Sal.), Esp Dir. Neg. De Arq y Const. (U.B)

|| Fuente: (RegONO)



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